Juan Carlos Ortiz sostuvo que la competitividad del Perú dependerá de agilizar
permisos, garantizar estabilidad para las inversiones y acompañar a las comunidades durante la vida útil de los proyectos.
Lima, 01 de julio de 2026.
El principal desafío para el próximo gobierno será
destrabar la cartera de proyectos mineros y generar las condiciones necesarias para
que nuevas inversiones se conviertan en obras, afirmó Juan Carlos Ortiz, presidente
del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).
Ortiz señaló que el Estado debe asumir un rol más activo para agilizar permisos,
brindar estabilidad a los inversionistas y garantizar el cumplimiento de los
compromisos con las comunidades.
El representante del IIMP recordó que el país dispone de proyectos mineros
valorizados en más de US$ 60 mil millones, pero advirtió que la demora en los
permisos y la inestabilidad política han restado atractivo frente a otros destinos de
inversión.
«Tenemos que competir y tenemos que ser mucho más eficientes en permisos, tratar
de mantener una estabilidad política, esa tranquilidad para invertir en un activo que va
a durar treinta o cincuenta años y, por supuesto, hacerlo de la manera más limpia
posible, aprovechando todas las oportunidades tecnológicas que existen», afirmó
durante una entrevista en Radio Nacional.
El presidente del IIMP explicó que mejorar la competitividad no significa flexibilizar las
exigencias ambientales, sino optimizar la gestión pública. «La tarea, la agenda va a ser
cómo hacer que esos proyectos se conviertan en obras en construcción. Ahí viene,
como comentamos al inicio, temas de permisos, cómo hacer un poco más eficiente la
gestión de permisos sin bajar la calidad de la evaluación en absoluto. Es decir, ser
más eficiente, no demora cuatro años, a lo mejor se hacen dos, así como otros países
del mundo», señaló.
Ortiz sostuvo que otro aspecto fundamental para impulsar nuevas inversiones es
fortalecer la presencia del Estado en las zonas donde se desarrollan proyectos
mineros. En ese sentido, afirmó que el Gobierno debe asumir un rol permanente para
garantizar el cumplimiento de los compromisos con las comunidades.
«Tiene que estar el Estado presente como un articulador que garantice que va a haber
un compromiso de largo plazo», manifestó.
Añadió que la relación entre el Estado, las empresas y las comunidades debe
mantenerse durante toda la vida útil de las operaciones. «No es solucionar el problema
instantáneo de poder conseguir el permiso social. Es que también vamos a estar ahí
40, 50 años; el Estado también va a estar 40 y 50 años. Entonces, tiene que estar el
Estado siempre en esta conversación para poder garantizar y darle la tranquilidad a la
población que los compromisos que asuman las empresas mineras van a ser
cumplidos y traducidos en mejoras para la población», enfatizó.
El líder gremial indicó que el sector también tiene pendiente fortalecer su
comunicación con la ciudadanía para explicar los beneficios de la minería moderna y
diferenciarla de las actividades ilegales.
«Tenemos una tarea pendiente para seguir difundiendo qué cosa es minería moderna,
qué cosa es minería responsable y claramente marcar una línea, una división con lo
que es la minería ilegal, la minería informal, que trae violencia y delincuencia», terminó.
